El pasado 26 de noviembre, el Procurador Público del Congreso de la República, Luís Manuel Guzmán Salas dirigió un documento al Fiscal de la Nación, José Luis Peláez Bardales solicitándole apertura denuncia contra la alcaldesa provincial de Cañete , María Montoya Conde, por delito contra la fé pública, en la modalidad de Falsedad Genérica, contra la Administración Pública, abuso de autoridad y denuncia calumniosa.
El “delito” de la alcaldesa cañetana es por haber presentado una denuncia contra el congresista José Luís Elías Avalos ante la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República.
El Procurador asume una defensa del congresista, recordando que tienen la más alta jerarquía en el servicio de la Nación, y como tales merecen el respeto y la atención por la alta investidura que se les otorga como depositarios del voto popular representando a la Nación.
Pero, recuerda también, que los Congresistas no son responsables por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Osea que “pone el parche” por las expresiones que este hijo de Ica haya podido brindar sobre la alcaldesa cañetana?
Como quien quiere advertir que están “enfrentándose” a un intocable y todopoderoso, el Procurador señala también que como tienen delicada función, los Congresistas están premunidos de ciertos privilegios, no por la persona sino por el cargo que desempeñan, estableciéndose en el art. 22 inc. h) del Reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley orgánica, que los parlamentarios se les debe guardar respeto y las atenciones que corresponden a su investidura.
Luego de la larga introducción sobre los privilegios que goza un congresista en nuestro país, en la parte “sustancial”, señala que “conforme es de verse del oficio Nº 063-2012-AL-MPC, la señora María Montoya Conde, presentó ante la Comisión de Ética del Congreso de la República una denuncia contra el congresista Elías Avalos, manifestando que por su investidura congresal que ocupa y con afanes políticos no busca mas que enfrentar a los pueblos hermanos , siendo responsable por la instigación y motivación en caso de suscitarse cualquier enfrentamiento futuro por lo que acudimos a su despacho a fin de que se tomen cartas en el asunto que limitan el mal accionar del referido congresista”.
Agrega que en esa denuncia no establece cuáles son las causales y cuáles son los artículos del código de ética parlamentaria que se habría contravenido, por lo que fue declarada improcedente el pasado 05 de noviembre.
Estos son los “fundamentos” que pretende involucrar en una denuncia a la alcaldesa de Cañete, que solo hizo saber su malestar luego que el sr. Elías Avalos acudiera al centro poblado “Nuevo Ayacucho”, ubicado en territorios cañetanos, llevando una campaña de acción cívica, con las consecuencias que ya la prensa cañetana abordó en su momento.
Si bien acá se pueden asumir posiciones a favor de la alcaldesa por haber levantado su voz de protesta que se puede considerar como una afrenta para los cañetanos, no escapa a llamar la atención que haya podido presentar un documento frágil en sustento que fácilmente ha sido rebatido, lo que debe merecer una reflexión por parte de la autoridad municipal para asesorarse mejor.
De otro lado, queda claramente establecido que acá se quiere procesar a una autoridad de “menor rango” y lo que haya podido hacer el congresista está amparado en sus privilegios como que no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones.
Sobre los supuestos delitos calificados como “calumniosa” , contra la Administración Pública y contra la administración de justicia, tendrán pues que demostrarlo y asumir cada quien la denuncia y la defensa.
Este es un nuevo tema que pone en el ojo de la tormenta no solo a la alcaldesa sino al cuestionado congresista que muestra una actitud soberbia y pedante ante los ojos de los cañetanos.
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