El
jefe de la Onpe, Mariano Cucho, exhortó al Congreso de la República a revisar y
aprobar el proyecto de ley que introduce cambios al mecanismo de la revocatoria
con el fin de perfeccionarla, pues -advirtió- muchas de las autoridades que
serán elegidas este año podrían ser destituidas.
Dijo
que existe la posibilidad de que las nuevas autoridades enfrenten solicitudes
de revocatoria durante sus mandatos, de no tomarse en cuenta la propuesta del
Sistema Electoral a la Ley de Participación y Control Ciudadanos alcanzada al
Parlamento.
En
las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre se elegirán 25
presidentes regionales, 25 vicepresidente regionales y 274 consejeros, así como
1,842 alcaldes y 10,526 regidores.
El
titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó que la
iniciativa de ley -presentada en el 2013 - plantea, por ejemplo, que la
consulta popular de revocatoria del mandato tenga un calendario fijo y que el
acto de sufragio se realice solo el último domingo de noviembre del tercer año
del mandato de las autoridades.
A
la fecha, según la Ley de Participación y Control Ciudadanos, se permite que la
revocatoria se lleve a cabo en el segundo o tercer año del mandato edil.
Así,
las solicitudes para someter a una autoridad a consulta popular de revocatoria
se pueden presentar el primer día útil del mes de julio del segundo año de
mandato, con los fundamentos y documentos que los sustenten, explicó.
Cucho
recordó también que el proyecto plantea eliminar las llamadas Nuevas
Elecciones, que han sido muchas veces el principal incentivo para promover una
revocatoria, buscando así adelantar las elecciones.
Según
el proyecto, de prosperar la revocatoria del presidente regional se acredita
como reemplazante al vicepresidente; tratándose del alcalde, al teniente
alcalde; tratándose del consejo regional, a los consejeros regionales
suplentes, y tratándose del concejo municipal, a los regidores suplentes.
Mencionó
que la propuesta mantiene el porcentaje de adherentes requerido para solicitar
la revocatoria (25%) sin establecer un tope máximo de firmas, como lo fija la
ley vigente con un máximo de 400 mil firmas.
Otro
de los cambios establece que la ONPE realice la verificación y control de los
gastos en los que incurran los impulsores o promotores de la revocatoria, así
como las autoridades sometidas a consulta popular.
El
jefe de la ONPE subrayó que el proyecto también propone que los promotores de
revocatorias deben residir en el lugar en el que presenten este recurso en
contra de la autoridad municipal o el gobierno regional.
A
diferencia de la situación actual, la propuesta del Sistema Electoral plantea
además que las solicitudes de revocatoria sean debidamente fundamentadas.
La
revocatoria se introduce en nuestro marco constitucional en el año 1993. Entre
1997 y 2013 han sido sometidos a procesos de consulta popular de revocatoria
4,712 autoridades municipales, resultando revocados 279 alcaldes y 1,273 regidores.
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