Todas
las instituciones educativas públicas y privadas, en todos los niveles y
modalidades, tienen la obligación de
reservar, al menos, dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad
(leve o moderada), encontrándose impedidas de negarle su matrícula, recordó
Malena Pineda Ángeles, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos
de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
Precisó
que de acuerdo con los criterios técnicos contemplados en las “Normas y
Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2015 en la Educación Básica”,
los niños y niñas con discapacidad leve o moderada deben acceder a alguna
vacante dentro de la educación regular.
debe
garantizar que las escuelas cuenten con docentes debidamente capacitados,
especialistas que acompañen el proceso educativo de los estudiantes, materiales
educativos adaptados, currículo adaptado e infraestructura y mobiliario accesibles
para brindar una educación de calidad”, precisó.
De
lo contrario, consideró la funcionaria, se estaría promoviendo la simple
colocación en el aula de un/a alumno/a con discapacidad, con el riesgo de
deserción o repetición escolar debido a la falta de una respuesta pedagógica
diferenciada y adecuada a sus necesidades educativas individuales y
especiales.
“Ninguna institución educativa pública o
privada puede negar la matrícula a un estudiante con discapacidad, que esté en
condiciones de ser incluido en el servicio educativo. Incluso el aula que tenga
a esta población, debe tener un número de escolares menor al establecido para
el nivel y modalidad educativa”, subrayó.
Pineda
Ángeles recomendó también a los padres de familia que al matricular a sus
hijos/as verifiquen si la institución educativa cuenta con la autorización de
la Dirección Regional de Educación o de la Unidad de Gestión Educativa Local
para brindar el servicio educativo ofrecido.
Además
recordó que en los procesos de admisión, ingreso y/o matrícula del nivel
inicial y primer grado de primaria no se puede evaluar a los niños y niñas, ni
solicitar evaluaciones externas o formatos específicos a ser llenados, ni
condicionar la matrícula bajo ninguna forma específica.
Finalmente,
se invocó a las autoridades, funcionarios/as públicos, docentes y especialistas
de todos los niveles, padres de familia y sociedad en general a sumar esfuerzos
y asumir el compromiso de contribuir al pleno ejercicio del derecho a la
educación de todos los estudiantes con discapacidad.
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