Prohibir
a los municipios que gasten recursos públicos en imagen y publicidad
institucional evitará que se incurra en el uso indebido de los limitados
presupuestos en propaganda que solo constituye gasto superfluo y no incide en
la mejora de los servicios a la población, sostuvo el especialista en derecho
municipal, Julio César Castiglioni.
Señaló
que esta prohibición expresa debería incorporarse al artículo 56 de la Ley
Orgánica de Municipalidades, que trata sobre los bienes de los gobiernos
locales, para evitar que, cada vez que empieza una nueva gestión, se destinen
ingentes recursos en pintura, material publicitario diverso, uniformes y útiles
de escritorio para que la población se identifique con la autoridad de turno.
"En
la parte final de dicho artículo debe señalarse expresamente que está prohibido
pintar con los colores de la agrupación política a la que pertenece la
autoridad de turno o de la forma en que esta disponga de forma arbitraria,
porque se trata de bienes que pertenecen a todos los ciudadanos",
manifestó en diálogo con la agencia Andina.
Castiglioni
recordó que la Ley Orgánica de Municipalidades vigente no contempla dicha
prohibición y, debido a ese vacío legal, las autoridades elegidas aprovechan
para incluir en sus presupuestos gastos destinados a realzar su imagen y tratar
de que la población no olvide que hicieron algo.
“Los
alcaldes no necesitan pintar los distritos con su nombre, sus colores o sus
lemas porque la población va a saber de todas formas quién es la autoridad que
hizo determinada obra, y especialmente, cómo se comportó en el manejo de los
recursos públicos y si fue transparente con sus vecinos", manifestó.
La
falta de transparencia para conocer cuánto gastan los municipios en su imagen y
publicidad ha sido la norma desde hace muchos años. Solo basta con revisar los
llamados "Portales de transparencia" para advertir que ningún
gobierno local cumple con detallar sus egresos y menos en ese rubro.
En
opinión de Castiglioni, el gasto en cambio de imagen y publicidad constituyen
"egresos superfluos que solo satisfacen el ego de las autoridades de
turno" y estas se olvidan que fueron elegidas para atender eficientemente
las necesidades de la colectividad.
En
un recorrido realizado por la agencia Andina se pudo observar que todos los
nuevos alcaldes y aquellos que han vuelto a gobernar después de uno o más
períodos, están cambiando por completo la imagen de la gestión anterior,
invirtiendo no pocos recursos en repintado de fachadas, locales y vehículos
ediles, colocación de carteles y pancartas, documentación impresa diversa,
entre otros rubros.
Lo
mismo sucede con los grandes proyectos viales que se vienen ejecutando en la
ciudad, los cuales no solo han cambiado de nombre, sino de los colores con los
que se les había identificado hasta hace poco. Y eso se nota en los nuevos
carteles colocados en las zonas de trabajo, luego del retiro de los anteriores.
Castiglioni
consideró que ese proceder al que son tan proclives los alcaldes, gobernantes
regionales y otras autoridades de turno, solo acarrea un gasto innecesario y
tiende a desembocar en un uso indebido de los escasos recursos públicos que se
administran.
"Es
un gasto innecesario y solo busca destruir lo poco o mucho que se hizo en la
gestión saliente, lo que refleja además un espíritu egoísta que se aparta de
una lógica de servicio a la ciudadanía y de continuidad en las políticas
públicas", anotó.
El
experto en derecho municipal consideró que una gestión pública no necesita
invertir en su imagen. "Los vecinos saben quién es su alcalde y si su
autoridad hace obras, el vecino asociará la obra y el nombre del alcalde, pero
no necesariamente recordará el color con el que se pintaron los espacios
públicos", expresó.
El
especialista lamentó que subsista hasta nuestros días la tradición negativa del
"borrón y cuenta nueva" en nuestras autoridades, según la cual una
nueva gestión quiere desaparecer lo que hizo la anterior y cambia de color y de
nombre a los programas y proyectos existentes, pensando que solo de esa forma
la población valorará su paso por el cargo público.
"Es
un gravísimo error que deberíamos sancionar en nuestra legislación, porque lo
que debe existir es la continuidad de la gestión y no que las autoridades
ingresen pensando que van a fundar o refundar los distritos o las provincias
que les toca administrar temporalmente", opinó.
Castiglioni
precisó que corresponde al Congreso de la República debatir y aprobar la
modificación legal para dejar sentada esta prohibición expresa para que las
autoridades dejen de gastar recursos públicos en publicitar su imagen, cuando
deberían invertirlos en mejores servicios para sus vecinos.
Asimismo,
señaló que aunque no exista de momento esta prohibición legal, la Contraloría
General de la República sí tiene facultad para iniciar acciones de control y
fiscalización que permitan establecer el uso correcto de los recursos públicos
que administran los gobiernos locales.
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