En
un hecho que llama poderosamente la atención, la dueña de un terreno en
Lunahuaná denuncia destrucción de su lindero y termina siendo sentenciada por
usurpación agravada.
La
Sra. Martha Muñoz, hija del recordado Notario de Cañete Moisés Muñoz Sánchez,
es propietaria de un terreno en el sector Lúcumo, en el distrito de Lunahuaná,
el mismo que se vio afectado por el vecino Fernández Landauro, al tomar parte
de su terreno como suyo.
En
mayo del año 2014, el Sr. Fernández Landauro le comunica a la Sra. Muñoz que es
el nuevo propietario del terreno colindante al suyo y que quería delimitar el
predio, ella le respondió que ya estaba delimitado con una medianera (una
pirca).
Sin
embargo, en el mes de julio del mismo año, el propietario del predio colindante
había destruido la pirca y había colocado sus hitos dentro de su terreno. Ella
se encontraba en Cajamarca y al ser comunicada del hecho, regresó y fue a su
predio.
Ya
en el lugar, retiró los hitos instalados por el vecino, por lo que fue
denunciada por su vecino por el supuesto delito de Usurpación agravada, ahí
comienza un verdadero dolor de cabeza para ella, ya que pese a sus pruebas, la
sentencian a 4 años de pena privativa de la libertad condicional.
En
declaraciones a BUENOS DIAS CAÑETE, la Sra. Muñoz cuenta que pese a que mostró
diversas pruebas a su favor, el fiscal ni el juez las valoraron al momento de
emitir sentencia.
“presenté
una constatación policial, donde demuestro el daño hecho al haber destruido la
pirca que servía de medianera y con fotografías mostré la nueva delimitación
que hizo el vecino, pero fueron ignoradas por el Fiscal Cabrera Segovia”,
declaró.
La
agraviada muestra su sorpresa en que pese a que el vecino reconoció que mandó
destruir la pirca con un cargador frontal, hasta contó que lo hizo en 2 días y
que posteriormente contrata volquetes para retirar las piedras, tampoco fue
tomada en cuenta ni por el fiscal ni por el juez.
Otro
hecho irregular, según la denunciante, ocurrió cuando se debía hacer una
inspección fiscal. Para esa diligencia solicitaron el apoyo de un ingeniero o
topógrafo del Gobierno Regional de Lima, con sede en Cañete.
Para
esta diligencia llegó el Ing. Félix Salcedo Cabezas, quien luego emitió un
informe (N° 001-2015-GRL-UELS-AI-OPE-FASC), el mismo que no figura en los
archivos del gobierno regional. Es más, el susodicho profesional solo trabajó
en esta entidad hasta el 31 de diciembre del año 2014 y la diligencia se llevó a cabo el 30 de enero del 2015.
Pese
a lo advertido, toman en cuenta el informe emitido por Salcedo Cabezas done
señala que hay superposición de predio, que el predio de la Sra. Muñoz se
superpone al predio del Sr. Fernández.
“en
ese informe señalan que me he apropiado de 372 metros cuadrados, eso es
imposible, cómo van a medir un solo predio para determinar que hay
superposición. Además, cuento con escritura pública de mi predio desde mucho
antes que el Sr. comprara el terreno”, explicó.
Cabe
anotar que la agraviada denunció al Ing. Salcedo Cabezas por usurpación de
funciones, la misma que fue archivada por el Ministerio Público.
De
otro lado, pone en tela de juicio la conducta del Ministerio Público, ya que le
resulta por demás extraño que en 8 oportunidades presentó escritos solicitando
fecha para la manifestación de sus testigos, pero nunca se las dieron.
“sin
embargo, al señor Fernández se le dio fecha para que declaren todos sus
testigos, él solicitaba y a los pocos días ya le estaban dando fecha, demasiado
extraño el comportamiento del ministerio público”, indicó.
Sin
embargo, otro hecho que cuestiona es que el Sr. Fernández, en el año 2014
presentó un título de propiedad, que supuestamente fue otorgado por la Reforma
Agraria, donde se otorgaba su predio a nombre de Aquilino Campos Sánchez. Se
probó que el título era falso, que pertenecía a la Sra, María Pérez y se otorgó
en el distrito de Mala.
“denuncié
al Sr. Fernández y a su abogado por el delito contra la fe pública, se
corroboró que era falso, ya que se pidió información al Archivo de la Nación y
al final un fiscal archivó el caso porque consideraba que no me causaba ningún
daño”.
En
el mes de junio del año 2015, la Sra. Martha Muñoz pasó de calidad de agraviada
a investigada. No se le tomó su manifestación de descargo, atentando contra su
derecho de defensa, tampoco tomaron manifestación de sus testigos.
“el
Fiscal Cabrera señaló que como sus testigos no rindieron su manifestación
previa, no podían declarar. Sin embargo, el Sr. Fernández llevó a una psicóloga,
un ingeniero y hasta un contador a declarar, mostrando el ministerio público
parcialidad con la otra parte”, denunció.
La
agraviada está apelando la sentencia en su contra y lamenta que en todo momento
el proceso haya sido irregular, que no hayan tomado en cuenta sus pruebas, ya
que –según indica- de manera escandalosa el ministerio público no las admitió.
“Al
final me fui al juicio sin pruebas, con total indefensión. No me admitieron
ninguna foto, ningún vídeo, ninguna manifestación de testigos”, puntualizó,
acotando que espera encontrar justicia, ya que solo viene reclamando lo justo y
con pruebas que deben ser valoradas por los que administran justicia.
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