JUEZ DESALOJA A DEUDOR DE TIENDA DE PROPIEDAD DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y POLITIQUERO PRETENDIÓ HACER CREER QUE LO DESALOJABAN

El Juez Civil Gustavo Jáuregui Vargas llevó adelante la orden de desalojo contra David Leonardo Campos Levano, un inquilino deudor que se mantenía en una de las tiendas ubicadas en el “Ovalo Grau” de San Vicente y de propiedad de la Municipalidad Provincial de Cañete.

La orden judicial ya había sido notificada con anterioridad al inquilino. El lanzamiento judicial se tenía que cumplir en el día y fecha señalado. Sin embargo, al llegar al lugar el Juez, el procurador de la Municipalidad Provincial de Cañete, personal de la PNP y Seguridad Ciudadana trataron de ser sorprendidos por un sujeto que –casualidad de la vida- había “inaugurado” su local partidario en el lugar.

A pesar que no era parte civil -ni directa ni indirectamente- el autonombrado candidato salió al frente de las autoridades judiciales para interrumpir la acción judicial, aunque quedó claramente demostrado que solo era para aprovechar la atención de la prensa que se hizo presente.

Pese al barullo que se levantó , la diligencia se cumplió sin contratiempo alguno, y ya en horas de la noche desocuparon los ambientes que pasaron al control de la Municipalidad Provincial de Cañete.

Cabe precisar que el contribuyente Campos Lévano mantiene una deuda de S/. 9,225.00, por el arrendamiento de la tienda 03 ubicada en el Ovalo Grau desde el año 2006 y era a él a quien la Municipalidad Provincial de Cañete le inicio la orden de desalojo y no a otra persona que solo buscaba llamar la atención a fin de promocionarse políticamente y quizás hacer creer que es victima del alcalde provincial Javier Alvarado.

Para que nuestros estimados lectores no se dejen sorprender por quien quiere hacerse pasar como presunta “victima política” , sin serlo, podríamos indicar que en el extremo de los casos, el ciudadano que inauguró su local partidario en la tienda del ovalo estaba cometiendo una falta.

Recientemente el Jurado Nacional de Elecciones emitió la Resolución Nº 136-2010-JNE por la que aprobaba el Reglamento de propaganda electoral y las sanciones establecidas a los infractores.

En el punto 1 de dicha resolución precisa lo siguiente: “ …está prohibido el uso de locales, oficinas o instalaciones de cualquier entidad del gobierno nacional, los gobiernos regionales y municipalidades a favor de cualquier organización política o candidato.

Tampoco se pueden utilizar esos locales para la instalación de juntas directivas o el funcionamiento de cualquier comité partidario…”

Las cosas son claras y contundentes, ese local de propiedad de la Municipalidad Provincial de Cañete no puede ser utilizado como local de campaña política de candidato alguno, lo que implicaría que estaría incurriéndose en una infracción que ameritaría una multa de 30 a 100 UIT.

Es más el funcionario municipal que hubiera permitido que ese local sea utilizado para fines políticos podría ser suspendido en el ejercicio de sus funciones si no adoptaba las medidas correctivas pertinentes dentro del plazo establecido. El infractor también puede ser pasible de sanción penal, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

Cuestionable la actitud de este folklórico personaje que con tal de llamar la atención tenga que apelar a este tipo de montajes, demostrando su verdadero nivel personal y “político” por el que se conduce.