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DESDE CAÑETE PARA EL MUNDO

miércoles, 30 de abril de 2014

CAÑETE CORRE RIESGO DE NO CONTAR CON JURADO ELECTORAL ESPECIAL PARA ELECCIONES DEL MES DE OCTUBRE

Unos 43 Jurados Electorales Especiales (JEE) no podrían instalarse para los comicios regionales y municipales de octubre, si el Congreso no aprueba que magistrados provisionales presidan, excepcionalmente, dichos órganos, advirtió hoy el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
De no proceder esta modificación, indicó, se perjudicaría seriamente el desarrollo de las elecciones, pues no podrá tramitarse la inscripción de candidatos regionales en 13 regiones ni de postulantes municipales en 106 provincias y sus distritos.
Además, afectaría los distritos limeños de San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta  Negra, San Bartolo, Santa  María del Mar, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.
El problema radica en la insuficiencia de magistrados superiores titulares en ejercicio que poseen 16 cortes superiores del país para designarlos a los JEE, las cuales han respondido a la solicitud del JNE señalando que no pueden dar cumplimiento a su petición para conformar dichos órganos.
Indican que, de procederse a tal designación, las salas superiores quedarían desprovistas de magistrados titulares y habría un quiebre de los juicios orales que se llevan a cabo, afectando el servicio de justicia y generando otros inconvenientes como la falta de quórum que impediría efectuar salas plenas.
Se trata de las cortes superiores de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cañete, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, Tumbes y Ucayali.
Cada uno de los 96 JEE debe ser presidido por un juez superior titular en ejercicio designado por la Corte Superior de Justicia correspondiente.
El JNE planteó oportunamente la modificación de dicha ley, en el sentido de permitir la designación de jueces superiores provisionales para el cargo de presidentes de JEE, en casos excepcionales.

Sin embargo, el proyecto de ley que aprobó el Congreso, con el que se modificaría la norma, fue observado por el Poder Ejecutivo.

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