Lo que se veía venir se dio. El Ministerio Público de Cañete ha ordenado el archivo definitivo de las “denuncias” de los casos FINVER y Cacho Abanto que fueron denunciados por ex autoridades de la Municipalidad Provincial de Cañete el año pasado.
El caso se remonta a la denuncia que presentaron los ex regidores Pedro Alonso Noriega Altamirano, Vladislay Bustamante Simón y Arturo Tadeo Chua Murga contra el ex gerente municipal Manuel Marquez Vivanco, ex Ex gerente de Administración Eduardo Wanus Gonzáles, al Ex Gerente de Administración Próspero Senosaín Calero solicitando la comprensión del Auditor Interno de la Municipalidad, al Contador, al Tesorero y al alcalde provincial José Espinoza Peña y la abogada Jackeline del Socorro Cacho, por el delito contra la administración pública –CONCUSIÓN,PECULADO Y MALVERSACIÓN DE FONDOS ; y la denuncia presentada por Javier Alvarado contra Manuel Marquez Vivanco, ex Gerente Municipal en calidad de autor por el delito contra la Administración –USURPACIÓN DE FUNCIONES en agravio del Estado-COLUSIÓN DESLEAL, ENCUBRIMIENTO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR.
La denuncia de los regidores fue generada por la comisión investigadora que integraban y que tuvo como finalidad de fiscalizar las cuentas corrientes de la Municipalidad y revisar los contratos de Locación de Servicios cuestionados, lo cual motivara haber descubierto un manejo irregular de la cuenta número 01121100046603 y el pago sospechoso e indebido de sumas exorbitantes por asesoría legal externa que evidencia un manejo oscuro de las cuentas y dinero de la Municipalidad.
Al apreciar la resolución se nota claramente que los fundamentos planteados en las denuncias no tienen mayor contundencia ni solidez a decir de los considerandos como por ejemplo la imputación al ex gerente municipal Manuel Marquez pro la comisión del delito contra la administración pública sustentando que utilizó el artificio de firmar “contratos de éxito” con la denunciada Jacqueline Cacho Abanto sin indicar el monto de la remuneración fija en el contrato, pues el monto iba superar las 4 UIT, monto que iba ser impedimento para poder suscribir los contratos cuestionados y el cual iba a requerir la visación de la Gerencia de Administración, exigencias que no se cumplieron , por tanto el delito se habría consumado cuando se suscribió dichos contratos, por lo que entre otros análisis desestimaron dicho cargo delictivo.
Otro sustento el porqué se “cayo” la denuncia la explican con la imputación de Asociación Ilícita para delinquir, que debe cumplir con los presupuestos previstos en la norma sustantiva “que para la configuración de la asociación ilícita se requiere la existencia de la agrupación, que debe formarse mediante el acuerdo o pacto de dos o más personas, en orden al objetivo determinado por la ley, cometer delitos, destacándose que dicho acuerdo puede ser explícito o implícito; en el primer caso está constituido por la clara expresión de voluntad en tal sentido, mientras que en el segundo, por medio de actividades unívocamente demostrativas de la existencia de la asociación, como por ejemplo el gran número de delitos realizados por las mismas personas, con los mínimos medios o división de tareas delictivas a través de diversas actuaciones”; que en el presente caso, no se ha logrado determinar la existencia de una agrupación formada por acuerdo con la finalidad de realizar actividades ilícitas, máxime si se tiene la existencia de un contrato realizado con las formalidades necesarias, que repercutió en el incremento de las arcas municipales.
Este archivamiento pone una vez más en el ojo de la tormenta a las ex autoridades municipales cañetanas, especialmente al ex alcalde Javier Alvarado, ya que sus detractores ven su mano detrás de este dictamen.
Sobre el particular, la Municipalidad Provincial de Cañete asumió medidas inmediatas luego de ser notificadas de la misma, y en sesión de concejo extraordinaria convocada ayer en horas de la tarde se acordó por unanimidad ordenar al Procurador Público Municipal continuar con el proceso por lo que tendrá que interponer un Recurso de Queja contra la citada resolución y presentar nuevas pruebas que acrediten y sustenten las denuncias.
La Municipalidad Provincial tiene plazo hasta mañana para presentar su recurso, caso contrario se dará por consentido su archivamiento.
De otro lado, el Procurador Público Anticorrupción de Cañete, Robert Deza Quispe enterado del tema dijo que era de esperarse este resultado cuestionando duramente la labor de los fiscales, algunos de los cuales los ha quejado, por lo que dudó de un correcto proceso en las investigaciones pero reconociendo que las pruebas presentadas por los denunciantes no tenía fuerza ni contundencia.
“espero que el procurador municipal actúe de inmediato ya que si es que más adelante la contraloría general encuentra responsables no se podrá denunciar nuevamente por el mismo caso, por eso espero que nos unamos para llevar adelante este proceso”, indicó Deza Quispe.
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