Entre agosto de este año
y agosto del próximo, se verificará si las 66 universidades públicas y privadas
que cuentan con autorización provisional tienen docentes a tiempo completo,
bibliotecas, laboratorios o si, por el contrario, sus locales están ubicados
encima de restaurantes y carecen de equipamiento, así como de toda exigencia
establecida en la nueva Ley Universitaria.
Estas instituciones (46
privadas y 20 públicas) albergan a más de 36 mil alumnos. Las evaluaciones se
realizarán gradualmente y estarán a cargo de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (Sunedu). Para este año se estima que 20 casas
de estudios serán inspeccionadas.
De acuerdo a los
resultados, la Sunedu hará recomendaciones y brindará un plazo para que se
implementen las mejoras. De no ejecutarse, podría imponer sanciones que van
desde multas, suspensiones, hasta el cierre de estas instituciones de educación
superior.
De las 142 universidades
que hay en el país, esas 66 tendrán la prioridad. Dichos locales de estudios se
encuentran presididos por una comisión organizadora y poseen una autorización
provisional que, en algunos casos, está vigente desde hace 10 años.
La mencionada licencia
fue otorgada a través del ya inactivo Consejo Nacional para la Autorización de
Funcionamiento de Universidades (Conafu) o la Ley de Creación. Bajo ese
esquema, debían obtener su autorización definitiva en 5 años.
La evaluación apunta al
licenciamiento de todas las universidades; es decir, lograr los estándares
mínimos de calidad.
Para iniciar el proceso,
previsto para agosto, será necesario que la Sunedu establezca las condiciones
básicas a revisar. Según la Ley Universitaria, estas se encuentran vinculadas a
objetivos académicos, infraestructura, investigación, personal docente
calificado, servicios básicos y mecanismos de inserción laboral.
"Hay que tener una
directiva interna con la que se arme un equipo que viajará a universidades,
recogerá información, regresará a la oficina, procesará los datos y emitirá un
informe. La visita puede durar entre 2 y 4 semanas, según la complejidad",
dice la titular de la Sunedu, Lorena Masías.
Respecto a las
condiciones básicas, debemos precisar que hay aspectos técnicos aún en revisión. Su aprobación estará a cargo del
Consejo Directivo de la Sunedu, cuya primera sesión se dio el último martes.
Este equipo está
presidido por la superintendenta Lorena Masías, quien estima que hacia julio
próximo ya se tendrá una propuesta de los estándares básicos de calidad.
Dicho proyecto deberá ser
evaluado por el resto del Consejo Directivo integrado por Gissela Orjeda,
Antonio Pasquel, Carlos Benavides, Carlos Barreda, Oswaldo Zegarra y Zenón
Depaz.
Sobre la instalación del
Consejo Directivo de la Sunedu, el congresista Daniel Mora considera que ha
existido un retraso. "Después de casi un año recién se ha instalado el
Consejo. Ahora debe establecer los estándares y dar el licenciamiento o
sancionar a las universidades", considera el promotor de la norma.
Una vez concluidas las
inspecciones en las 66 universidades, se hará lo mismo con las que sí tienen
licencia definitiva (76) como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Al respecto, el
presidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, estima que en la
inspección general la Sunedu hallará incumplimientos sobre todo en la plana
docente, infraestructura y equipamiento.
Hay que precisar que si
al concluir el proceso de revisión se determina el cierre de una universidad,
entre las opciones a tomar está el
traslado de alumnos o la fusión de instituciones.
Mientras el Consejo
Directivo establezca todos los estándares de calidad, la Sunedu avanzará con
lineamientos en infraestructura. En julio comenzará con inspecciones en una
muestra de universidades, cuya ubicación y nombres están por definirse.
"Hay aspectos que ya se pueden revisar como la ocupación de espacios, el
metraje por alumno, los servicios complementarios", agrega Masías. Si se
encuentran faltas, se harán recomendaciones.
Cambio de estatuto. De
las 31 universidades públicas, alrededor de 15 lo han hecho. En el ámbito
privado, el 70% lo ejecutó.
PROHIBICIÓN. Las
instituciones que incumplen no pueden nombrar, ascender, ni ratificar a los
docentes.
Estas son algunas de las
universidades bajo evaluación:
U. Privada de Ica (Ica)
U. Sergio Bernales (Lima)
U. Privada de Pucallpa
(Ucayali)
U. Peruana Simón Bolívar
(Lima)
U. Peruana de Integración
Global
U. de Ciencias y
Humanidades (Lima)
U. Autónoma del Perú
(Lima)
U. Jaime Bausate y Meza
(Lima)
Univ. Privada Arzobispo
Loayza
Univ. Le Cordon Bleu
(Lima)
U. Nacional Tecnológica
de Lima Sur
U. Nacional de Barranca
(Lima)
U. Nacional de Cañete
(Lima)
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