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Diario BUENOS DIAS CAÑETE, edición 18 octubre 2017

jueves, 8 de enero de 2015

VENTA DE KITS ELECTORALES PARA REVOCATORIA NO PODRÁ REALIZARSE ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2016

Ahora que las nuevas autoridades regionales y municipales entraron en funciones por un período de cuatro años, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que la adquisición de los “kits electorales” de recolección de firmas para las consultas populares de revocatoria de estas autoridades será a partir de cumplido un año de la gestión, es decir, desde el 1 de enero de 2016, de tal manera que la población pueda evaluar la forma de trabajo de la autoridad elegida, en un periodo mínimo de ejercicio del cargo.
Esta disposición se da en el marco de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley N° 26300), donde se señala que los ciudadanos tienen derecho a revocar a las autoridades elegidas una vez en el periodo de mandato, excluyendo la posibilidad de presentarla en el primer y el último año.
La Resolución N° 3798-2014-JNE señala también que los ciudadanos que promuevan dichas revocatorias deberán presentar una razonable sustentación de la causa por la cual se pretende retirar del cargo a una o varias autoridades regionales o municipales.
Conforme a la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (LDPCC), los ciudadanos promotores deberán cumplir con detallar los cuestionamientos a la autoridad o las deficiencias en el ejercicio de su cargo que hayan significado irregularidades en la gestión municipal o regional.
En su oportunidad, la venta de los kits estará a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mientras que la verificación de la autenticidad de las firmas de adherencia será de cuenta del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

De otro lado, la resolución del JNE resalta que la aplicación de la revocatoria en el país ha demostrado la necesidad de introducir sustantivos cambios orientados a su mejor regulación y que, tras un exhaustivo análisis, ha motivado la presentación conjunta (JNE, ONPE, RENIEC) de un Proyecto de Nueva Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos ante el Congreso de la República, el que aún se encuentra pendiente de debate y aprobación.

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